Con 116 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), acogiendo el texto preparado por la Comisión de Justicia.

La mesa procesó un total de 760 observaciones, de las que el 85 % se incorporaron en el documento. En sesión celebrada de forma virtual, los legisladores aprobaron que los juicios políticos pasen a resolución final del Pleno de la Asamblea, más allá que los informes de la Comisión de Fiscalización sean favorables o desfavorables. Este organismo tendrá las mismas características que las demás comisiones especializadas. Igual tratamiento merecerán los pedidos de amnistía e indulto.

Se crea el Comité de Ética, integrado por cinco miembros permanentes designados, de manera individual por el Pleno, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Se renovará cada dos años y funcionará únicamente para el conocimiento y sustanciación de las denuncias sancionadas con destitución, por tanto, no podrá actuar de oficio.

Se institucionaliza el modelo de gestión de Parlamento Abierto como mecanismo para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía, abriendo espacio a su activa participación en la gestión y rendición de cuentas a los mandantes.

En esa línea, también se refuerza legalmente la figura de participación de Asambleísta por un Día, que podrá realizarse desde las casas legislativas, a través de medios telemáticos. Las casas coordinarán con organizaciones sociales para la difusión de la agenda legislativa, mesas de trabajo, talleres y la recepción de observaciones a proyectos de ley por parte de la ciudadanía.

De conformidad con varias sentencias de la Corte Constitucional, Carta Magna y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

Adicionalmente, se crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, que será complementario al proceso de formación de normativas, contará con una herramienta tecnológica que permita el registro, archivo y consulta de la información generada.

El proyecto determina la creación de 15 comisiones especializadas permanentes, con la inclusión de la de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Se divide la de Soberanía, en Relaciones Internacionales y Movilidad Humana; y, de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Habrá la unificación de dos comisiones en la de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

Con fines de profesionalización, la Asamblea Nacional establecerá una carrera legislativa para los funcionarios, ya sea que tengan nombramientos permanentes o contratos ocasionales. Para ello, fijará planes y programas de capacitación continua.

La asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que el proyecto fortalece la fiscalización y control político; promueve mayor eficiencia en el trabajo legislativo; afianza la institucionalidad de la Asamblea; mayor participación y relación con la ciudadanía; fija mecanismos que garanticen eficacia de la norma a través del seguimiento y evaluación de la misma; transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y ética en los parlamentarios.

Por su parte, el presidente César Litardo resaltó que se ha dado un paso fundamental para transparentar la gestión. “Es un hecho histórico para mejorar el funcionamiento de nuestra institución”, puntualizó.