Ciudad de México, AP

La fiscalía mexicana emitió 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en el sur del país, prófugos entre los que por primera vez hay policías federales y militares. Además, informó del arresto del primer policía federal que fue vinculado al proceso.

“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad” frente a la ‘manipulación’ y el ‘encubrimiento generalizado’ de delitos y delincuentes realizada por la administración anterior”, afirmó el fiscal general Alejandro Gertz Manero, en un mensaje en video transmitido ayer durante una ceremonia al cumplirse 6 años de un crimen que conmocionó dentro y fuera del país.

“Se han otorgado órdenes de detención de militares que se van a ejecutar”, subrayó a su vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presidió el acto en Palacio Nacional. “El que haya participado y se demuestre, va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento”.

La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes mantiene a las familias en la desesperación, pero detener y ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tiene una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente ha hecho de las fuerzas armadas.

“Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores (mandatarios)”, afirmó María Martínez, la madre de uno de los estudiantes y que habló en representación de las familias. Pero Martínez recordó que los familiares siguen “locos de dolor” por la incertidumbre, y le pidió al presidente “que apriete un poquito más (…) seis años y no tenemos nada”. Y para que sus peticiones no se olviden volvieron a marchar ayer por la tarde por el centro de Ciudad de México.

Omar Gómez Trejo, actual responsable de la investigación del conocido como Caso Ayotzinapa —el nombre de la escuela de magisterio donde estudiaban los jóvenes—, dijo que entre las 25 personas buscadas como autores materiales o intelectuales hay “policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del ejército, así como funcionarios y exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la delincuencia organizada”.

No aclaró si entre ellos está el que fuera entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a quien el actual fiscal general acusó de “orquestar un engaño mediático masivo”.

El 26 de septiembre de 2014 policías locales de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes en esa localidad, con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.

El gobierno anterior aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano.

Sin embargo, esta versión, que Murillo Karam consideró “la verdad histórica”, ya quedó totalmente descartada entre otras cosas porque la supuesta prueba de cargo, el fragmento de un hueso de uno de los estudiantes encontrado en el río fue “un montaje”, sentenció Gómez Trejo, y porque el resto del otro alumno identificado en julio se halló en un lugar distinto del basurero.

Además, según dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, está demostrado que “en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos”.

Para Gertz Manero existen muchas pruebas del encubrimiento que hizo el gobierno anterior: cámaras que dejaron de funcionar, radios que se apagaron, autoridades judiciales locales que ocultaron vídeos, detenciones arbitrarias y torturas masivas.

El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo es Tomás Zerón, considerado uno de los mayores responsables de tal encubrimiento y que en aquel entonces era jefe de la agencia de investigación federal. A él se busca por tortura y ocultación de desaparición forzada.

Pero el fiscal general afirmó que, además, “cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR”, unos 50 millones de dólares, “que sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”.

A finales de 2016, el expresidente Enrique Peña Nieto, retiró a Zerón de la agencia de investigación, pero para darle un ascenso.

Zerón huyó del país en 2019 cuando descubrieron “ese enorme peculado”, con destino a Canadá, pero cuando se hicieron las gestiones de extradición ante ese país “huyó a Israel; país al que ya se le ha pedido su apoyo”, según declaró Gertz Manero.

Las nuevas investigaciones, basadas en el análisis de 80 millones de comunicaciones telefónicas, vídeos, documentos, restos óseos, declaraciones de funcionarios, informantes y testigos protegidos, demuestran que los jóvenes quedaron “en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico” asentadas en Iguala, centro neurálgico de distribución de heroína o goma de opio que se produce en las sierras de Guerrero.

El fiscal general explicó que esa noche no solo hubo seis muertos y 43 desaparecidos, sino que “cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala, por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales”.

De hecho, desde que comenzó a buscarse a los 43 se han recuperado 245 cuerpos, de los que 22 han sido identificados, indicó el subsecretario Encinas.

La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación cuyo proceso legal fue desacreditado por la propia justicia mexicana en 2018, cuando un tribunal ordenó reponer todo el proceso.

Con el nuevo gobierno, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron una treintena de nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto del segundo alumno identificado- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.

Pero uno de los grandes avances señalados ayer por todas las autoridades y también por Francisco Cox, miembro del grupo de expertos internacionales que intervino de forma remota, es que se ha empezado a romper el cerco de impunidad que bloqueaba la declaración de testigos y personas involucradas.

“La investigación se encuentra en la etapa más compleja, estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto de silencio para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia”, dijo Encinas.

Pero el presidente se mostró convencido de lograr que se sepa “la auténtica verdad” y el paradero de los jóvenes. “En pocas palabras, que haya justicia”, sentenció.