Por un acuerdo entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Gobernación del Meta, el Hospital Departamental de Villavicencio seguirá intervenido nueve meses más.

El superintendente Fabio Aristizábal Ángel expresó que el hospital viene superando una crisis y está prestando todos los servicios en materia de salud, como también en sus instalaciones están apoyando las diferentes clínicas del departamento que han enfrentan inconvenientes como cierres como las clínicas Martha y Llanos y se está atendiendo a sus usuarios en las diferentes especialidades.

No obstante, la gobernadora Marcela Amaya expresó que “aún no encontramos un punto de equilibrio financiero que nos permita recibir el Hospital Departamental de Villavicencio, por eso le hemos pedido a la Superintendencia continuar con la intervención”.

En ese sentido, la administración departamental seguirá analizando la parte financiera, contractual y administrativa para seguir construyendo la ruta de fortalecimiento para la prestación de servicios y atención al público”, sostuvo la mandataria.

El hospital se encuentra intervenido por la Superintendencia desde el 27 de octubre de 2015 por las irregularidades en la prestación de servicios, inclusive con indicadores que generaban riesgo a los usuarios y el exceso de pasivos.

La Gobernación ha adquirido un acompañamiento y compromiso entregando 22 mil millones de pesos para el plan de saneamiento fiscal y financiero cumpliendo con las diferentes obligaciones, agregó la Gobernadora.

“Es importante aclarar que el Hospital Departamental de Villavicencio después de la intervención ha logrado salir adelante y apoyamos la decisión de la gobernadora Marcela Amaya, cuyo único interés es proteger la vida y la salud de todos los usuarios de la región”, señaló Aristizábal Ángel.

Agregó que se alcanzaron metas importantes, siendo un hospital viable y permitiendo brindar todos sus servicios y algunos adicionales, con el apoyo decidido de la Gobernación del Meta.

El funcionario explicó que la intervención se extiende por nueve meses más, después de una evaluación hecha por el Comité de medidas especiales de la Superintendencia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el diálogo con la mandataria departamental.

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