Carlos Luis Sánchez, abogado defensor de Carlos Luis Morales, en el caso de supuesto tráfico de influencias, aseguró que la esposa del fallecido, Sandra Arcos, no ha huido del país. Ella y sus dos hijos son investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria.

A las 11:30 de hoy, 23 de junio del 2020, media hora antes del sepelio del Prefecto, Sánchez convocó a una rueda de prensa, en el camposanto Parque de la Paz. Ahí afirmó que la esposa de Morales no ha podido acompañarlo en las honras fúnebres.

“Esto ha provocado que la defensa decida presentar hoy un recurso constitucional de hábeas corpus (…) hemos presentado la acción constitucional”.

Aseguró que desde el 9 de junio Arcos ha comparecido dentro del proceso y han solicitado al presidente de la Corte Provincial de Guayas la revocatoria de la orden de detención en su contra. “Ella no ha huido del país, pero no se va a presentar ante la Fiscalía mientras pese en su contra una orden de detención”.

Sobre esa solicitud, afirmó no ha sido tramitada por presiones. “El juez de la causa, el presidente de la Corte de Justicia, no atiende su pedido”. Solo así, dijo, Arcos podrá rendir su versión de forma libre y voluntaria.

Sobre los hijos de la mujer, Sánchez dijo desconocer su paradero y que no tiene ninguna relación con ellos.

La Fiscalía indaga cuatro contratos de la Prefectura durante la emergencia. Entre estos están las adquisiciones de mascarillas y pruebas rápidas para covid-19. En este proceso judicial, la esposa de Morales y dos de sus hijastros son señalados.

Sánchez también se refirió a las acusaciones que familiares vertieron ayer, 22 de junio, contra una supuesta negligencia por el uso de un grillete que habría impedido una atención adecuada para reanimar a Morales tras sufrir un infarto.

“Habría llegado sin signos vitales, evidentemente fue así porque solamente alguien que no presenta signos vitales habría que resucitarlo. El asunto es que los médicos tuvieron una discusión porque no sabían si proceder o no con el grillete puesto en su cuerpo porque tenían miedo dañar el grillete”.

También reafirmó que el delito penal por tráfico de influencias seguirá su curso y ya se ha solicitado información a las entidades públicas de control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Fuente: El Comercio