La idea de crear un organismo supramunicipal que regule la planeación urbana, la movilidad y el medio ambiente tiene divididos a los políticos, gobiernos y empresarios de 13 municipios del oriente de Antioquia. Mientras los promotores argumentan que el ritmo de crecimiento de esta subregión no permite posponer la iniciativa, los detractores denuncian vicios en el trámite y anticipan que promoverán el “No” en la consulta popular.

Los promotores explican que durante las últimas décadas el oriente antioqueño viene experimentando un crecimiento económico sin precedentes.

Según datos del Dane, tan solo en los últimos siete años el Producto Interno Bruto (PIB) de esta subregión pasó de 5.754 millones de pesos en el 2009 a 10.692 millones en el 2017, lo que representa un incremento del 85,83 por ciento.



Los sectores de la economía que jalonan ese crecimiento son varios. Entre el 2008 y el 2018, el sector inmobiliario y la construcción registraron un crecimiento del 400,3 por ciento, la industria creció un 269 por ciento y el turismo un 220 por ciento, según detalla la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA).

“El oriente antioqueño es una región que está creciendo a pasos agigantados. Por ejemplo, en matrículas de comerciantes, por varios años consecutivos viene aumentando al doble del departamento de Antioquia y del país. Es una región en plena expansión de asentamientos habitacionales, donde crecen tanto los cascos urbanos como la población”, agrega Rodrigo Zuluaga, presidente ejecutivo de la CCOA.

Sin embargo, este crecimiento económico no ha sido igual en toda la región.

Según muestran los datos del Dane, la zona del Antiplano (conformada por los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente) concentra el 69,9 por ciento del PIB de toda la subregión. En segundo lugar, la zona de Embalses aporta el 15,29 por ciento del PIB.

Los del sí

Los promotores de la idea, liderados por la Gobernación de Antioquia, la CCOA y algunos gremios empresariales, resumen, además, su posición en varios argumentos.

En primer lugar, sostienen que el crecimiento urbano está causando que el uso del suelo se transforme haciendo que las tierras que antes eran utilizadas para el agro sean usadas para múltiples desarrollos urbanos y experimenten una gran presión inmobiliaria.

Esa urbanización acelerada, a su vez, crea problemas de movilidad ya que las vías y caminos que antes estaban pensados para un uso rural, ahora se quedan cortos ante el crecimiento del parque automotor.



Así mismo, la creación de un sistema de transporte masivo ordenado y eficiente, que expanda sus redes por todos los municipios, se convierte en una de las prioridades para regular el territorio.

Todo esto sin dejar por fuera la necesidad de expandir la cobertura de servicios públicos, regular el problema de las basuras y encontrar protocolos para solucionar los conflictos ambientales que trae la expansión urbana.

“Un Área Metropolitana estandariza el ordenamiento territorial dictando unas normas rectoras para que el uso del suelo sea el más estandarizado posible. Así mismo, avista los grandes proyectos que el territorio requiere y no pueden ser atendidos por cada uno de los municipios. El Área es la oportunidad para que los especialistas identifiquen, estudien y formulen esos proyectos. En resumen, es una oportunidad para que el estamento público se acompase con un desarrollo que es inatajable”, agrega Zulaga.

Los del no

Por su parte, los detractores del proyecto, a parte de encontrar lo que consideran vicios en el trámite, desconfían de los intereses políticos detrás de la idea. Alegan que en la región ya existe una figura supramunicipal que coordina a varios municipios: la Provincia del agua, el bosque y el turismo.

Sonia Nelfi Santamaría García, concejal del municipio de San Rafael y presidente de la Asociación de Concejos del Oriente (Acora), explica que la creación del Área podría concentrar el poder en los municipios más desarrollados, principalmente en Rionegro, que sería el municipio núcleo.

La corporada agrega que la organización de un Área Metropolitana hace que el alcalde del municipio núcleo tenga el poder de postular a los candidatos a director de la entidad e incluso aprobar por decreto los planes de ordenamiento metropolitano, en caso de que los municipios miembros no lleguen a un acuerdo. En contraste, sostiene que en la figura de la Provincia las decisiones se toman “de forma horizontal”.

La principal crítica que Santamaría formula es que para muchos concejales el gobierno departamental pasó por encima de ellos a la hora de solicitar la convocatoria de la consulta popular.

Razón por la cual solicitaron a la Registraduría revocar la convocatoria, argumentando que, según la ley 134 de 1994, este mecanismo de participación debe contar primero con el concepto de las corporaciones públicas.



No obstante, más allá de la discusión legal, Santamaría explica que el principal malestar es que en varios municipios sienten que el gobierno departamental y los promotores de la idea están presionando para que el proyecto se apruebe cuanto antes. Esto sin tener en cuenta que la clase política y los ciudadanos están concentrados en las elecciones de octubre y no quedaría tiempo para socializar y discutir con mayor profundidad sus implicaciones.

Por esta razón, Santamaría anticipa que en caso de que la consulta no se caiga, desde varios Concejos ya se planea promover el voto negativo.

El próximo 15 de diciembre los más de 409.662 habitantes de Rionegro, Guarne, La Ceja, El Retiro, Carmen de Viboral, El Santuario, Guatapé, San Vicente Ferrer, El Peñol, San Rafael, Abejorral, Granada y Concepción deberán acudir a las urnas para dar la última palabra.

JACOBO BETANCUR

Para EL TIEMPO