Alfonso Zambrano, abogado de Rafael Correa, solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que revoque el punto 3.2 de la providencia en contra de su defendido, la cual ordena se oficie al Ministerio de Finanzas para que se deje de pagar la pensión vitalicia que recibía el sentenciado por su condición de exmandatario.

El jurista alega que la sanción es “injusta, arbitraria e ilegal”, ya que cuando Correa ejerció la Presidencia de la República adquirió el beneficio de la pensión vitalicia, el cual se convierte en un derecho adquirido, y, según Zambrano. “la ley por principio universal rige para lo venidero y solo obra con criterio retroactivo cuando es favorable”.

La sanción es parte de la sentencia de 8 años de reclusión que ratificó el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia contra el exmandatario por el caso Sobornos 2012-2016.

Pierina Correa, hermana del exjefe de Estado, es quien recibe los $4.226.25 mensuales que le corresponden como pensión vitalicia. El exvicepresidente Jorge Glas recibía una mensualidad de $4.057.50.

Según el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), “se fija una pensión vitalicia mensual a favor de los expresidentes y exvicepresidentes de la República”.

Sin embargo, la orden del Tribunal se basa en la Ley de Apoyo Humanitario por la emergencia del covid-19, en vigencia desde el 22 de junio pasado, que establece dos excepciones para el cobro de las pensiones vitalicias: Los mandatarios que no hubiesen concluido el período para el que fueron electos por haber sido cesados; y expresidentes o exvicepresidentes que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad y violencia sexual.