Alejandra contó que acompañó semanas atrás a un familiar, adulto mayor, a cobrar el bono de desarrollo humano: “Resulta que se ha cobrado”.

Por la cuarentena, explicó, no habían podido cobrar. Al igual que ella, 1739 personas han presentado quejas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año, que suman $ 185 251, es decir, esas asistencias sociales fueron cobradas por falsos beneficiarios, sobre todo, de bonos de desarrollo humano, bonos de desarrollo humano variable para personas en extrema pobreza y bonos para personas con algún tipo de capacidad reducida, según los registros del MIES.

Para investigar esas quejas, el MIES ha presentado 196 denuncias en la Fiscalía: 15, por abuso de confianza; 17, por estafa; 4, por falsificación de documentos; 67, por falsificación y uso de documentos falsos; 18, por falsificación de firmas; 2, por peculado; 59, por suplantación de identidad; 3, por usurpación de identidad; y, 7 por otro tipo de causa.

“Una funcionaria que cobraba comisión por el cobro del bono. Llamaba a la persona y le decía: ‘Usted tiene un bono acumulado de seis meses, yo le ayudo a cobrar pero usted me tiene que dar dos pensiones de las seis‘. El otro caso es de un funcionario que se valía de tener información para poder llamar a las personas para decirles, casi, casi chantajearlas, es decir: ‘Usted puede cobrar pero me tiene que dar un dinero a mí‘”, detalló el ministro de Inclusión Social, Iván Granda, sobre los dos casos de peculado.

Añadió, por ejemplo, que en el primer caso, esa persona fue sentenciada y destituida.

El 10 de julio pasado, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo, denominado Dingo, en el que se detuvo a cinco personas que integrarían una banda que se dedicaba a realizar cobros ilegales de bonos sociales. Un juez ordenó la prisión preventiva de cuatro y la presentación periódica del quinto procesado.

En los allanamientos a ocho domicilios, los policías hallaron unos $ 5 mil en efectivo, carros y otros artículos.

En un comunicado de la Fiscalía, se explicó que uno de los detenidos trabajaba en una institución financiera y era quien identificaba a los beneficiarios del bono de desarrollo humano u otra de las ayudas sociales estatales que no habían cobrado durante tres o cuatro meses, ya sea por muerte o viaje.

Esa información era entregada a otras personas que integraban la supuesta organización, quienes retiraban los bonos en las tiendas de barrios, donde se pueden hacer los cobros: entre $ 80 y $ 200. La Fiscalía detalló que los sujetos habrían retirado entre $ 1 mil y $ 2 mil cada dos días, posiblemente por más de un año, y sin presentar la cédula de identidad del beneficiario. Haciendo el cálculo solo por $ 1000 y por un año, lo sustraído asciende a más de $ 180 mil.

Fuente: El Universo