En la tarde del martes fue aplicada la orden de arresto expedida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Buenaventura por un fallo de tutela del primero de febrero del año 2017, en el cual condenan al Distrito al pago de contratos que datan desde el año 2009.

Son varios los accionantes, entre ellos fundaciones y asociaciones, hay diversas obligaciones contractuales que el Distrito está en mora de cancelar.

La oficina Jurídica de la Alcaldía informó que debido al incumplimiento de la Administración en el año 2017, el accionante determina instaurar un incidente de desacato, solicitando al juzgado una orden de arresto para el mandatario de turno.

Juan Carlos Ibarguen, Jefe de la Oficina Jurídica, dijo que «desde la llegada de la Alcaldesa hemos estado trabajando para darle cumplimiento a los compromisos contractuales. Con el accionante se hizo un primer acuerdo de pagar una cuota inicial de una deuda que asciende a más de 4 mil millones de pesos, se hizo una oferta para pagar en esta vigencia 500 millones de pesos, esto teniendo en cuenta la situación financiera del Distrito, pero no fue aceptada, la señora Juez consideró que la propuesta no satisfacía los intereses del accionante y por eso ordena que se materialice la orden de arresto”.

La Administración municipal informó a la comunidad que la Alcaldía sigue trabajando de puertas abiertas, “seguimos en normalidad, estamos haciendo todas las acciones jurídicas para buscar revocar este auto que hoy tiene privada de la libertad a la Alcaldesa Distrital”, indicó Ibarguen, en nombre de la Alcaldesa.